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Que el Presidente de la Nación señale con nombre y apellido a periodistas y hable de “quemarlos en la hoguera” es gravísimo. Desde la máxima autoridad del Estado no se puede naturalizar la violencia ni promover la intimidación contra quienes ejercen el periodismo. El Congreso de la Nación no puede ser cómplice con su silencio. Tiene la responsabilidad institucional de defender la libertad de prensa y poner límites frente a estos atropellos. La libertad de prensa no es una concesión del Gobierno. Es una garantía constitucional y un pilar irrenunciable de nuestra democracia. Cuando se intimida al periodismo, se debilita el derecho de toda la sociedad a estar informada.