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Si este fuera el anuncio de Milei en cadena nacional podría ahorrarnos la tortura de escucharlo. Las actividades ilegales de exploración y/o explotación en la plataforma continental argentina ya están sancionadas por las leyes 26659 y 26915. Las sanciones alcanzan a quienes realizan actividades logísticas o financian esas actividades ilegales. Desde que asumió Milei venimos exigiendo que apliquen esa legislación, dando continuidad a las acciones que emprendimos durante nuestra gestión. Por ejemplo, hasta ahora nada han hecho para impulsar los procesos penales contra los directivos de Navitas Petroleum y Rockhopper. Las sanciones vigentes implican la prohibición de que las empresas que participen en actividades ilegales operen en el resto del territorio nacional. Asimismo, se establecen sanciones penales para sus directivos. Lo que debe hacer el presidente es ejercer una diplomacia asertiva, exigiéndole al primer ministro de Israel que adopte las medidas necesarias para que Navitas Petroleum se retire de Malvinas. Y ante el avance de las actividades ilegales en Malvinas es necesario que la Argentina vaya más allá del régimen actualmente vigente: es momento de que el Congreso Nacional límite las inversiones provenientes de los países que promueven o toleran la participación de sus empresas en actividades ilegales en las Islas, empezando por Gran Bretaña e Israel. No puede seguir tolerándose que los yacimientos hidrocarburíferos, minas de litio, oro o cobre, o los campos cerealeros o ganaderos queden en manos de empresas inglesas o israelíes mientras otras empresas de esas mismas nacionalidades saquean los recursos argentinos en el Atlántico Sur.