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El anuncio el PEN de que iniciará un proceso de arbitraje por la actividad hidrocarburífera ilegal en Malvinas exige un posicionamiento prudente de todo el arco político, prudencia que lamentablemente no ha caracterizado a la política exterior y al abordaje de la cuestión Malvinas por parte del Presidente de la Nación y de sus sucesivos cancilleres. Desde fines de julio vengo advirtiendo sobre el desafío que representa la extracción del primer barril de petróleo en la Cuenca Malvinas Norte. Junto a Jorge Poblette escribimos el 25 de agosto, diez días antes de la cadena nacional de Milei, que la República Argentina debía "agotar todas las instancias políticas, diplomáticas, legales y judiciales para evitar que se llegue a ese punto de inflexión" (ver link al final) La falta de acciones legales y diplomáticas de la administración de Milei durante casi tres años ha derivado en la decisión de utilizar el camino del arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, una senda riesgosa que de haberse actuado oportunamente probablemente se podría haber evitado. Paradójicamente, la Argentina recurre, tras la decisión de la administración mileísta hoy anunciada y después de omitir el ejercicio del poder sancionatorio previsto en las leyes 26659 y 26915, a instancias internacionales que ha desacreditado con los ataques presidenciales a la institucionalidad multilateral, en este caso a través de una convención de Naciones Unidas y mediante una instancia arbitral en la que la ONU actúa como soporte técnico, logístico y de designación subsidiaria de los árbitros. Lo hará en un contexto crítico marcado por expresiones, acciones y omisiones del presidente y de sus colaboradores abiertamente funcionales al interés británico (como ejemplo vaya el pacto Mondino-Lammy) y en tiempos en que la Argentina dió la espalda a la mayoría de los estados y bloques de países que integran la comunidad internacional. La decisión fue anunciada sin que se conozcan los contenidos de las presentaciones, lo que impide emitir una opinión prudente sobre su viabilidad jurídica. A pesar de ello, frente al panorama desafiante que se presenta considero fundamental que el Poder Ejecutivo adopte como mínimo estas medidas: 1. Conforme un equipo político, jurídico y diplomático de primer nivel y acreditada experiencia en litigios internacionales para afrontar la instancia arbitral que ha anunciado activará. 2. Convoque el Consejo Nacional Malvinas creado por ley 27558, ámbito asesor para la política de estado sobre la Cuestión Malvinas, restableciendo la integración plural con las prestigiosas figuras que fueron excluidas arbitrariamente de su seno. 3. Evite expresiones de funcionarios, en especial del Presidente de la Nación, el Canciller y el Ministro de Defensa, que puedan ser autolesivas para la posición argentina. 4. Retire todos los contenidos securitistas que integran el Proyecto de Ley denominado de Defensa de la Soberanía Nacional, los que están siendo utilizados por la contraparte británica para pretextar una falaz amenaza argentina a la población de las islas, cuando la única amenaza real es la desproporcionada presencia militar británica en el Atlántico Sur. 5. Elabore, con intervención del Consejo Malvinas y del Congreso Nacional, una estrategia integral que, en el marco del corpus de resoluciones de la ONU sobre Malvinas y de manera coordinada con el impulso del arbitraje, permita abordar el desafío que representa el avance de las actividades ilegales en los territorios argentinos ilegítimamente ocupados por el Reino Unido. Las opiniones que expreso en la presente publicación son estrictamente personales y se encuadran en lo que, a pesar de las ostensibles e insalvables diferencias que mantengo con los enfoques de la actual gestión, considero el deber moral de aportar mis puntos de vista para intentar contribuir a la defensa de los intereses argentinos en la Cuestión Malvinas. www.portalatlanticosur.com/el-petroleo-de-...