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La explosión en el Regimiento Bolívar de Viacha ha enlutado a varias familias de humildes soldados que cumplían con su deber de servir a Bolivia. La irresponsabilidad con la que el gobierno ha manejado ese triste hecho no es nada más que un crimen de guerra que merece una demanda ante la Corte Penal Internacional y la fiscalía debería actuar de oficio inmediatamente. En estos momentos es muy importante cumplir con el seguro contra accidentes, aprobado en mi gestión, para los soldados que cumplen con el servicio militar obligatorio. El gobierno debe otorgar los recursos económicos que corresponden, de por lo menos 3 mil dólares en caso de accidente y gastos de traslado, a los padres de familia de las víctimas, además, está previsto que el conscripto que pierde la vida cumpliendo su servicio debe ser ascendido al grado de sargento para que la familia perciba por dos años el salario que corresponde.