El presidente de Bolivia, con un decretazo, tendría sus magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para “legalizar” todas las vulneraciones que comete contra la Constitución y aplicar duras medidas económicas y sociales contra el pueblo.
El TCP y el TSJ deben ser completados con magistrados elegidos en las urnas, tal como dispone la Carta Magna (Art. 182).
Lucho Arce gobernó, impune y abusivamente, con sus magistrados autoprorrogados insconstitucionalmente y, ahora, Rodrigo Paz, contaría con magistrados de facto nombrados a dedo para su complaciente servicio.
Recordemos que el año 2024, el gobierno de Arce, la derecha y Andrónico, eliminaron las Elecciones Primarias en los partidos políticos con el pretexto de realizar las Elecciones Judiciales, que, luego, fueron parciales con el fin de mantener a los usurpadores del TCP (autoprorrogados). El único objetivo de esa operación fue eliminar mi candidatura y proscribir a las organizaciones populares e indígenas.