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Los audios expuestos sobre la represión en San Julián demuestran 3 cosas graves: 1. El sometimiento del gobierno de Rodrigo Paz a las órdenes de Fernando Cerimedo. Es una vergüenza y una grave vulneración de nuestra soberanía que un asesor extranjero defina cómo reprimir y suspender servicios básicos y telecomunicaciones a nuestro pueblo. Bolivia no es colonia de nadie. Ningún extranjero puede dar órdenes sobre la vida, la seguridad y los derechos de las bolivianas y bolivianos. 2. Se confirma que es el gobierno quien practica terrorismo de Estado-narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad a través de cortes de luz y telecomunicaciones para amedrentar a una región, detenciones masivas y arbitrarias, y la organización de acciones paramilitares contratadas por el ministro Oscar Mario Justiniano, demostrando que el Gobierno planifica, promueve y ejecuta la vulneración de derechos y represiones desproporcionadas. 3. El financiamiento del gobierno al margen de la ley: ¿De donde salió el dinero para movilizar a 400 paramilitares que participaron en enfrentamientos contra civiles? Con qué dinero, el ministro Justiniano, negocia o compra dirigentes para desmovilizar las protestas?