El gobierno de Paz debe resarcir el terrible daño ocasionado a miles de bolivianos de todos los estamentos sociales cuyos vehículos quedaron destruidos por la gasolina mala que distribuyó mediante YPFB, tal como lo admitió el ministro Lupo.
Es justo y necesario que las miles de víctimas de la gasolina-basura, inicien un juicio civil exigiendo resarcimiento por daños y perjuicios a los autores de ese atentado. ¡Basta de lavarse las manos, no hacerse cargo de su ineficiencia y culpar de todo a otros!.
El Estado debe pagar la reparación de todos los motorizados afectados. Luego, se debe ejecutar la Acción de Repetición (Artículo 113. II de la CPE) para que los funcionarios públicos -culpables de ese desastre- paguen con sus recursos personales.