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Una ilegalidad más se suma al cuestionado nombramiento del Fiscal General interino: El propio Urioste reconoció que un empresario, a quien había patrocinado en un juicio privado, le pidió su currículum y gestionó su nombre en la Asamblea. A esto se suman los vínculos políticos y familiares con el entorno de Luis Fernando Camacho, reconocidos por el mismo Fiscal y su apertura al reparto de espacios en las fiscalías departamentales. Destituciones inconstitucionales, nombramientos ilegales, cuoteo institucional e injerencia empresarial: Este es el cambio en la justicia boliviana? Lo más grave es que el gobierno de Rodrigo Paz allana el camino para que intereses geopolíticos de EE.UU. tengan cada vez mayor influencia sobre la justicia boliviana y perdamos cada vez más soberanía. La justicia debe estar al servicio de Bolivia, no de intereses políticos, empresariales ni extranjeros.