El acuerdo entre el gobierno con el FMI es inconstitucional y una traición a la patria. El Art. 320 de la CPE prohíbe imposiciones y condicionamientos extranjeros sobre nuestra política económica. Pero, con el pretexto de levantar la subvención y abrir candados para atraer inversión, pretenden mutilar la Constitución del Estado Plurinacional para someter al pueblo a las recetas del hambre y, de esta manera privatizar y entregar nuestros recursos naturales a las transnacionales.
Por eso anuncian desde el gobierno el cierre de hasta 10 empresas del Estado, para iniciar una nueva etapa de privatización y capitalización igual o peor que la de la época neoliberal (1985-2005) que tiene como único objetivo vender Bolivia.
Este acuerdo demuestra que el futuro de Bolivia se planifica desde afuera, donde mandan políticamente desde Estados Unidos, económicamente desde el FMI y militarmente desde el Comando Sur.
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