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A cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, seguimos exigiendo que la Justicia investigue a fondo para que el conjunto de los argentinos y argentinas sepamos quiénes fueron los responsables. No sólo los autores materiales, sino también los intelectuales y financieros que estuvieron detrás del hecho. No habrá una Democracia sana y plena en Argentina mientras se sostenga este pacto de impunidad político-judicial que nos impide saber quién mandó a matar a Cristina. Seguimos sin conocer la verdad porque la investigación nunca se hizo con la profundidad que exige un hecho de esta gravedad. El intento de asesinato de la expresidenta y máxima referente de los intereses populares de nuestro país fue el hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia en 1983. Por eso, su repudio debería ser unánime desde todos los sectores que defendemos el Estado de Derecho. Está claro que no fue un hecho de violencia aislado, sino la consecuencia de años de discursos de odio y estigmatización desplegados hasta el hartazgo a través de la corporación mediática contra la figura de Cristina y el proyecto nacional que ella representa. El arma gatillada a centímetros de su cabeza fue la síntesis de la violencia que generaron con esas operaciones. Tras la tentativa fallida de matarla, no solo no se investigó lo suficiente para conocer la verdad, sino que redoblaron la persecución en su contra con denuncias inventadas, hasta encarcelarla y proscribirla. La bala no salió, pero el fallo sí. Todo forma parte de una misma lógica: sacar de la cancha a quien no pudieron domesticar y a quien le siguen temiendo por lo que representa en el presente, y por su capacidad y potencia para construir un futuro que incluya a todos y todas. Pero no habrá persecución ni discurso de odio que logre borrar su historia, su liderazgo ni el afecto popular. Queremos a Cristina libre y candidata a presidenta para que el Pueblo pueda elegirla para volver a conducir los destinos de la Patria.