En Colombia se desplazaron comunidades para producir energía…
y hoy no tienen luz.
Esto no es un debate ideológico.
Es un problema de justicia.
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El apoyo a las organizaciones de la transición energética no es una dádiva ni una transacción clientelar.
Este año en la Fundación Pares celebramos los 10 años de haber realizado la investigación sobre los 169 conflictos sociales y ambientales en las industrias extractivas, con el apoyo de la Fundación Ford. Ese estudio lo publicamos en un libro de editorial B: La Minería en el Postconflicto, un asunto de Quilates. La indagación arrojó una conclusión: la mayoría de los conflictos tenían que ver con el medio ambiente. Las disputas económicas y sociales tenían un segundo lugar. Las angustias de las comunidades apuntaban a la preservación del agua y los bosques, a proteger los cultivos y los usos tradicionales del suelo.
La minería ilegal, la depredación ambiental y la violencia generada en este tipo de explotación estuvieron al centro de las preocupaciones a lo largo de la investigación. El envenenamiento de los ríos y el reclutamiento de miles de jóvenes para esclavizarlos en estas minerías y saber que el 70 por ciento del oro venía de este tipo de explotación, nos produjo un gran impacto en nuestra percepción del país.
Pudimos ver, igualmente, una gran paradoja. En varias regiones del país se golpearon tristemente a las comunidades para poner en marcha grandes hidroeléctricas y estas poblaciones terminaron sin conexión al sistema eléctrico nacional o pagando un alto costo por su energía.
Desde ese momento Pares ha dedicado grandes esfuerzos a promover el diálogo entre el Estado, las comunidades y las empresas para transformar la minería, formalizar a los pequeños y medianos mineros y construir comunidades energéticas con el propósito de contribuir a una transición energética justa.
Pares amplió su agenda. De la investigación sobre los clanes políticos, la corrupción en elecciones, el conflicto armado, la violencia, la paz y los derechos humanos, pasó a indagar sobre minerías, cambio climático y transición energética; pero, sobre todo, dedicó parte de su equipo a la intervención social en las regiones, a la formación de liderazgos en las diversas transiciones, a formar comunidades energéticas con la vocación de generar energías limpias y a promover la formalización de pequeños y medianos mineros.
La semana pasada, los representantes de Pares, junto a los de la Fundación Transición Energética Justa (TEJ) -una organización hermana- estuvieron en Putumayo visitando las comunidades energéticas de Puerto Asís y Puerto Guzmán, dos experiencias de transporte escolar y transporte turístico utilizando lanchas con base en “Paneles solares”. Lanchas que pusimos en marcha con una generosa donación de Open Society. La pretensión es contribuir a la descarbonización de la Amazonía, pulmón del mundo.
Hace dos años lanzamos el Centro de Pensamiento para la Transición Energética Justa con sede en la Ciudad de Santa Marta. Desde este centro estamos asesorando a veinte comunidades para que generen energía alternativa propia y estamos actualizando la investigación sobre los conflictos sociales y ambientales en diversos lugares del país.
Desde cuando asumimos la tarea de buscar soluciones a los conflictos socioambientales hemos tenido el apoyo de organismos y donantes internacionales: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), La Fundación Open Society y la Fundación Ford; y también de empresas como Ecopetrol, Anglo Gold Ashanti, Aris Mining y Parex. Hay un interés creciente de la cooperación internacional y del mundo empresarial por transformar la minería.
En 2024 y 2025 realizamos dos grandes cumbres de comunidades energéticas de todo el país, en Santa Marta, con participación de empresas y expertos internacionales, con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía. En estos eventos cerca de 250 comunidades energéticas han contado su experiencia en esta gran apuesta por generar energías para el uso propio y, con el paso del tiempo, producir energías para el sistema interconectado nacional.
En 2026, con el apoyo de MinMinas y de empresas del sector, estamos echando a andar un proyecto para dar el primer paso hacia la conformación de una red nacional de comunidades energéticas y también una federación de pequeños y medianos mineros producto del proceso de formalización. Este apoyo económico no es una dádiva, ni puede reclamar una contraprestación clientelar; es, simplemente, un derecho de las organizaciones que trabajamos en la promoción de iniciativas sociales y económicas de las poblaciones más vulnerables. Así lo han entendido los tres ministros de minas y energía del actual gobierno. Pares realiza estas actividades con toda responsabilidad, pero también con total independencia y autonomía.
Le hemos insistido al gobierno nacional en la obligación de apoyar a las organizaciones de la sociedad civil y a las comunidades en la formación de redes de energías renovables y de pequeños y medianos mineros, coaliciones no sólo con un interés asociativo, sino con vocación económica, con aspiraciones a grandes negocios.
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