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Dice José Posada Villa: Después de leer el borrador, el nuevo Estatuto antiterrorista aparece en el fondo como la vieja tentación del poder de disfrazar como “seguridad” lo que en realidad es un salto hacia el control sin límites. Otorga facultades especiales para que el presidente intervenga en procedimientos judiciales, permite incluir a cualquier persona en listas sin haber sido escuchada, vulnerando de manera directa la presunción de inocencia, concede a decisiones extranjeras un peso superior al de la propia soberanía y crea un registro público que marca a las personas como culpables antes de cualquier juicio. Todo esto configura un Estatuto que no combate el terrorismo: lo utiliza como excusa para instalar un país donde el Estado puede señalar, exhibir y castigar sin tener que demostrar nada.