El presidente eligió responder a nuestra convocatoria para trabajar juntos contra la inseguridad con una amenaza de intervención federal a una provincia con autoridades legítimamente electas.
La provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas ni extorsiones. Esa escalada autoritaria es un atropello a la democracia. Por eso, instruimos al asesor de Gobierno y al Fiscal de Estado para que presenten una denuncia para investigar la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos.
Agradezco el respaldo de todo el arco político. Más allá de las diferencias, hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución.