Asistimos a una demagogia punitiva desplegada en paralelo a un ajuste brutal sobre las políticas educativas, sociales, culturales y deportivas. En un país federal, donde los dispositivos de cuidado, acompañamiento y reinserción dependen en gran medida de provincias hoy asfixiadas financieramente, reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer el entramado institucional es garantizar el fracaso.
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