La Cámara Contencioso Administrativo Federal de Argentina ratificó el protocolo antipiquetes, que criminaliza la protesta social y facilita detenciones y abusos policiales. Esta decisión revierte un fallo previo y otorga al Gobierno la facultad de usar fuerzas federales para reprimir manifestaciones, a pesar de las preocupaciones por violaciones a los derechos humanos.
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