Tanto habla contra las mafias del pasado pero no hace nada contra los corruptos de su gobierno. La llamada Comisión de la Verdad de YPFB debe investigar los escandalosos casos de robo al Estado que se cometieron en menos de 90 días de la administración de Paz Pereira.
Si quiere demostrar que no protege a sus socios, el gobierno debe investigar a la empresa argentina Camin Cargo Control Argentina S.A. por no haber controlado la calidad del combustible que dañó miles de vehículos, pese al casi millón de dólares que recibió del Estado.
También debe investigarse las denuncias de sobreprecio, por unos 4 millones de dólares, en la compra de petróleo crudo a la empresa Trafigura.
Y no debe quedar en la impunidad la compra de gasolina basura. Tienen que ser destituidas y enjuiciadas las autoridades del ministerio de Hidrocarburos, YPFB y ANH; y resarcir a las víctimas sin engaños y sin burocracia.
Es indignante el silencio del presidente, sus ministros y de las autoridades judiciales. ¿Complicidad, protección y encubrimiento entre aliados?