Como los dictadores Hugo Banzer y Luis García Meza, Rodrigo Paz, pretende gobernar con decretazos, anulando las competencias de la Asamblea Legislativa y cambiando la Constitución de acuerdo a los planes de su casta política y a intereses extranjeros.
El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, ahora, tienen la mejor oportunidad para demostrar que no están sometidos al gobierno y demostrar -con prontitud- legalidad, decencia e independencia.
La administración de Paz no solo viola la Constitución aprobada en las urnas por el 62% de los bolivianos el año 2009, sino pisotea los derechos del pueblo a ser consultado y expresar su protesta ante políticas económicas hambreadoras y la entrega ilegal de nuestros recursos naturales a las corporaciones transnacionales.
Un gobierno que surge de las urnas debe ser siempre del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Tiene que garantizar la salud, educación y alimentación para los bolivianos más desprotegidos.