Evocamos la invasión de Chile a Bolivia, el 14 de febrero de 1879, que nos arrebató 400 km de costa y 120.000 km2 de territorio. Casi un siglo y medio que el vecino país -con el apoyo del Estado británico y de capitales privados ingleses- nos convirtió en un país mediterráneo, destruyendo nuestra economía y contacto marítimo con el mundo.
Por conciencia patriótica y por mandato de la Constitución, jamás debemos renunciar al mar que fue boliviano. Dice el artículo 267 de la CPE: ”El Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y su espacio marítimo.”
Mientras que el Artículo 124, afirma que comete el delito de traición a la patria el que: ”Atente contra la unidad estatal o renuncie a la reivindicación marítima”.
Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz, en su reunión con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, renunció -de facto- a nuestra demanda marítima declarando: “El mar no debe ser un ancla”; y que se debe “olvidar el pasado y mirar el futuro” para restablecer relaciones diplomáticas, rotas desde 1978. Esto le podría generar un Juicio de Responsabilidades por traición a la patria.
No solo las autoridades sino todos los bolivianos -por Constitución y patriotismo- tienen “el deber de defender, recabar y consolidar el derecho a la reivindicación marítima” (Art. 108 CPE).
El fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, emitido el 1 de octubre de 2018, estableció que Chile y Bolivia deben continuar con su “diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia”. Por consiguiente, el gobierno actual, no debe renunciar a la demanda marítima.