En febrero de 2026, Badia debería haber liberado las últimas 1.216 viviendas protegidas que quedaban tras un proceso de descalificación que arrancó en 2023. Pero un mes antes, la Generalitat decidió que esos pisos iban a seguir siendo protegidos —y, por tanto, sin posibilidad de venderse a precio de mercado—, lo cual ha puesto a los vecinos en pie de guerra elpais.com/economia/vivienda/2026-04-26/ve...
