Un arancel del 35% al acero sin concertación con los sectores productivos puede terminar golpeando más de lo que protege. La construcción, que mueve empleo y dinamiza la economía, podría pagar el costo con viviendas más caras y proyectos frenados.
Proteger la industria es necesario, pero no a cualquier precio ni de espaldas al país productivo. Las decisiones económicas deben ser responsables, concertadas y pensadas en su impacto real sobre la gente.
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