La ley 105-13, sobre regularización salarial, en sus artículos 31 y 32, contempla la suspensión de las pensiones o jubilaciones, cuando un ciudadano que ha pasado a esta condición vuelve a desempeñar funciones remuneradas en ente u órganos del Estado. La sanción que se contempla es la inhabilitación para desempeñar funciones publicas, obvio con las excepciones de los casos docentes.