Mientras les recortan prestaciones a las personas con discapacidad, frenan tratamientos y auditan pensiones para quitarlas, el Gobierno, a través de la ANDIS, paga sobreprecios de hasta 4239% en andadores, sillas de ruedas y prótesis.
Desarman el Estado cuando tiene que asistir a los más vulnerables, pero lo usan para hacer negocios y enriquecerse.
La crueldad muestra su peor cara.