Criminalizar el derecho de los trabajadores a ejercer la libertad sindical protegida por la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales y tratar de "asociación ilícita" a una organización gremial como AGTSyP que representa genuinamente a sus afiliados, de la manera que lo hace la Jueza Celsa Ramírez, no solo atenta contra los derechos laborales si no contra la misma democracia.